Europa Press. La portavoz del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, ha anunciado esta semana la intención del equipo de gobierno de hacerse con el edificio que la sociedad estatal de Correos mantiene cerrado desde 2011 en la Plaza Juan Cassinello de la capital para darle un «uso público» mediante su derribo y una nueva edificación, sentido en el que mantienen desde «hace un año» negociaciones en ese sentido a pesar de que el inmueble se encuentra en un proceso de venta directa después de una primera subasta, con un precio de 1,75 millones de euros, que quedó desierta.
La edil popular ha detallado en rueda de prensa que, a través de la Gerencia de Urbanismo, se contempla reservar un presupuesto de casi un millón de euros para la adquisición del inmueble si bien no ha concretado una fórmula concreta para hacerse con el mismo, de modo que se podría acudir al proceso de subasta actual –un proceso de venta directa abierto hasta el 1 de septiembre–, a la negociación de una cesión, o incluso a la expropiación.
«Tiene que salir lo más barato posible al bolsillo de los almerienses», ha indicado Vázquez. La intención municipal pasa, en cualquier caso, por hacerse con el inmueble de cinco plantas para derribarlo y edificar un nuevo equipamiento con el que «revitalizar la zona» sin variar el uso «dotacional» actual que contempla la parcela conforme al planeamiento urbanístico vigente; un uso que según la propiedad sociedad estatal limita las posibilidades de uso y, en consecuencia, el propio interés del mercado inmobiliario en el edificio.
Cabe recordar que la parcela preveía cambiar su calificación a través de un convenio suscrito en 2013 entre el Ayuntamiento y Correos que, a su vez, estaba vinculado a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el cual no prosperó, y que habría permitido la edificación de viviendas mediante su transformación en suelo urbano no consolidado.
A pesar de mantenerse el actual uso dotacional, la concejal ha descartado que el espacio pueda albergar dependencias municipales, toda vez que la demolición llevaría aparejada «rehabilitar la zona». La portavoz ha señalado que las posibilidades del edificio es una cuestión que se quiere «consensuar con los grupos» de la oposición, toda vez que dependerá de «las circunstancias».
Paralelamente, desde el Área de Urbanismo e Infraestructuras se ha instado a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos a llevar a cabo las labores de la limpieza y mantenimiento del edificio a través de una orden de ejecución dictada en mayo de 2019 ante su «falta de voluntad y desinterés», lo que conllevó incluso la interposición de multas coercitivas en septiembre del pasado año.
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