Europa Press. La Policía Nacional de Granada ha confirmado la detención de cuatro personas en el marco de las protestas en la vía pública de la capital granadina en demanda de «libertad» para el rapero Pablo Rivadulla Duro, conocido musicalmente como Pablo Hasel y encarcelado tras ser condenado a nueve meses y un día de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado, en las que se han registrado «pequeños cortes de tráfico» y quema de contenedores.
Fuentes policiales han informado a Europa Press de que en la protesta, iniciada a las 19,00 horas en la Subdelegación del Gobierno y continuada por Gran Vía en dirección al Realejo, se ha procedido a la quema de un primer contenedor en la calle Pavaneras.
A continuación, los integrantes de la marcha se han dispersado y conformado distintos grupos por la zona, procediendo a la acumulación de contenedores para interrumpir el tráfico a pesar de que las propias fuerzas y cuerpos de seguridad estaban ya en labores de control del tránsito rodado.
La idea de los manifestantes, según han indicado las mencionadas fuentes, ha sido la de llevar a cabo «pequeños cortes de tráfico», así como la quema de contenedores que ya se ha acometido por el centro de Granada, en calles como Sol o la plaza de Bib Rambla. Según los bomberos, se han quemado en torno a una docena de los mismos en un lapso de dos horas. Además, la Policía Nacional ha informado de que se han registrado daños en vehículos particulares y mobiliario urbano.
Concentración en Sevilla
En Sevilla también se han producido en la tarde de este miércoles concentraciones en defensa de Hasel, en concreto, en los aledaños de la Audiencia de Sevilla y el edificio de los juzgados de Instrucción.
La convocatoria, recogida por Europa Press, estaba promovida por entidades como el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), el PCE, IU, la asociación Izquierda Revolucionaria o la plataforma de colectivos vecinales Barrios Hartos, entre otros, para reclamar «libertad» para el citado rapero, encarcelado en el centro penitenciario de Ponent, en Lleida, tras su arresto en el Rectorado de la Universitat de Lleida, donde se había encerrado ante la orden de ingreso en prisión.
Su condena judicial deriva del contenido de más de 60 mensajes y vídeos difundidos por este rapero entre 2014 y 2016, en los que entre otros aspectos ensalzó, según la sentencia condenatoria, la figura de miembros de ETA o del Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo), usando por ejemplo la imagen de una miembro de dicha banda para difundir el mensaje de que las manifestaciones «no son suficiente» y abogando por «apoyar a quienes han ido más allá».
Del mismo modo, entre los mensajes mediarían diversos que atribuían al rey emérito Juan Carlos I múltiples delitos, incluso de homicidio y malversación, en los que se definía al monarca como «capo mafioso saqueando el Estado español», «borracho tirano» o «basura mafiosa».
Descalificaciones a la Policía
Además, entre tales contenidos difundidos por el rapero en las redes sociales mediarían menciones a los agentes de la Policía Nacional como «asesinos» y «mercenarios de mierda» o acusaciones a la Guardia Civil de torturas y de asesinar a 15 inmigrantes en El Tarajal (Ceuta).
Para el Tribunal Supremo, el mencionado rapero no puede ampararse meramente en la libertad de expresión, considerando que los mensajes enjuiciados implican «un indudable carácter laudatorio de organizaciones terroristas» o «frases injuriosas y calumniosas» respecto a la Corona o las fuerzas policiales.
Frente al debate suscitado por el caso de este rapero, Unidas Podemos, que cogobierna desde el Ejecutivo central junto al PSOE, ha reavivado su propuesta de modificar algunos aspectos del Código Penal que tienen que ver con la libertad de expresión como, por ejemplo, el delito de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos, de injurias a las instituciones del Estado o de enaltecimiento del terrorismo.
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