Operación contra la inmigración ilegal deja 28 detenidos en la Sierra onubense
La Guardia Civil ha detenido a 28 personas en la localidad onubense de Cumbres Mayores como presuntas autoras de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad de documento público, al haber presuntamente empadronado de forma fraudulenta a una treintena de inmigrantes irregulares en una finca del citado municipio serrano, que con la documentación obtenida, «justificaban el arraigo en España e iniciaban los correspondientes trámites para regularizar su situación; además de optar a otros beneficios sociales».
Según ha indicado el Instituto Armado, la denominada ‘Operación Trápala’ se inició el pasado mes de noviembre de 2021, cuando los agentes de la Benemérita tuvieron conocimiento de que un «número inusual» de personas se estaban empadronando en un domicilio del municipio de Cumbres Mayores, en la provincia de Huelva.
Empadronamientos sospechosos
De hecho, la alcaldesa de Cumbres Mayores, Gema Castaño, ha confirmado que fue el Ayuntamiento el que dio el «aviso a la Guardia Civil» al ver «sospechoso» recibir más de una veintena de solicitudes de empadronamiento «en una sola finca del término municipal», por lo que «la Benemérita se hizo cargo de la investigación del caso».
Castaño ha asegurado que Cumbres Mayores es un municipio pequeño del entorno rural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche que cuenta con alrededor de 1.735 habitantes y que, «aunque durante la pandemia sí que se incrementó el número de solicitudes de gente que se ha venido a vivir aquí o que tenía segundas residencias, la verdad que en tan poco tiempo era algo también inusual», ha señalado la alcaldesa.
Tras realizar un reconocimiento exhaustivo de la zona, la Guardia Civil pudo comprobar que se trataba de una edificación de pequeñas dimensiones, sin condiciones de habitabilidad, «hecho que no cuadraba con las informaciones obtenidas», según ha indicado la Guardia Civil.
Identificación de los estafadores
De este modo, gracias a la colaboración del Consistorio de dicha localidad y al trabajo desarrollado durante varios meses, los investigadores consiguieron identificar a los componentes del presunto «grupo criminal».
En este sentido, el ‘modus operandi’ que utilizaban era encargarse de todos los trámites administrativos, pagos y desplazamientos a los organismos locales; todo ello a cambio de cantidades que oscilaban entre 500 y 1.000 € que recibían «en mano para no levantar sospechas».
Así, la operación ha sido desarrollada en varias fases, concluyendo con 28 detenidos, otras dos personas investigadas, 12 Expedientes Administrativos de Expulsión del territorio nacional y una retirada de pasaporte.
Finalmente, la alcaldesa ha confirmado que «ninguno de los detenidos es del pueblo y esas personas no se han relacionado con el resto de vecinos», por lo que «el ambiente que se vive en el pueblo es de total tranquilidad».
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