Europa Press. Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid son las comunidades que más dinero recibirán del reparto del ‘nivel acordado’ del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, una vía adicional de financiación que fue suspendida por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Entre las tres autonomías, recibirán del Estado 135 millones, casi la mitad del reparto, que en total asciende a 283,2 millones de euros.
Así se recoge en el Acuerdo para la puesta en marcha del Plan de Choque en Dependencia, al que ha tenido acceso Europa Press, aprobado este viernes 15 de enero por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las CCAA, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Este Plan de Choque contempla una inyección de más de 600 millones de euros en Dependencia: 283,2 millones del nivel acordado y el resto, del nivel mínimo (lo que aporta la Administración General del Estado por cada persona dependiente).
Por CCAA, de los 283,2 millones de euros del nivel acordado, la comunidad que más recibe es Andalucía (52,2 millones de euros), seguida por Cataluña (46,6 millones); Comunidad de Madrid (36,1 millones); Castilla y León (27,6 millones); Comunidad Valenciana (23,4 millones); Galicia (20,3 millones) y Castilla-La Mancha (16,2 millones).
Por detrás, se sitúan: Aragón (9,6 millones de euros); Canarias (casi 9 millones); Extremadura (8,7 millones); Región de Murcia (8,4 millones); Asturias (7,7 millones); Baleares (7 millones); Cantabria (6,5 millones), y La Rioja (3,9 millones).
EN FEBRERO, PLAN PARA REDUCIR LA LISTA DE ESPERA
Además, el acuerdo, fruto también del diálogo con los interlocutores sociales, contempla que, en el mes de febrero de 2021, se aprobará un plan específico para la reducción de la lista de espera, que incluirá los objetivos concretos de cada comunidad autónoma y las medidas que deberán adoptar para lograrlo.
También establece que, a lo largo de este año 2021, se regulará la figura del Asistente Personal y se abordará la posible modificación de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar.
Asimismo, el acuerdo dispone que a finales de 2022, todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un derecho subjetivo ligado a la condición de dependencia.
En concreto, el documento aprobado señala que, antes de finalizar el segundo semestre de 2021, el Consejo Territorial acordará los cambios que haya que introducir en las condiciones que debe cumplir este servicio, se abordará la definición de la «teleasistencia avanzada» y se analizará el papel que debe desempeñar en el sistema.
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