La educación concertada reivindica libertad de enseñanza este domingo en Andalucía

noviembre 21, 2020

Europa Press. Escuelas Católicas de Andalucía, CECE Andalucía, FSIE Andalucía, Feuso Andalucía, Concapa Andalucía y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas a nivel nacional en Más Plurales, han organizado una nueva acción de protesta contra la Lomloe, la conocida como ‘Ley Celaá’. En esta ocasión, las organizaciones han convocado para este domingo, 22 de noviembre, en todas las capitales de Andalucía y en algunas localidades como Baza, Guadix, Jerez de la Frontera y Santa Fe, una manifestación con vehículos, adornados con motivos naranjas, dentro de un itinerario aprobado por las autoridades competentes.

Según indican las citadas organizaciones en un comunicado, la educación concertada y privada andaluza quiere invitar a toda la comunidad educativa de los centros –familias, equipos directivos, profesores, PAS y alumnos– a trasladar a la opinión pública y a los grupos políticos el «amplio rechazo social» que causa esta reforma.

Patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada coinciden en «rechazar» la Lomloe, tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido. Por el momento, porque «su tramitación se produce en plena pandemia, entre estados de alarmas, en una situación crítica en lo sanitario y por ende en lo económico. Por la forma, porque esta norma «aleja definitivamente la legislación educativa de cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados, a los que ni siquiera se ha llamado para negociar el documento: no es que haya buscado el consenso, es que por primera vez en la historia de la democracia ni siquiera se ha pretendido el diálogo».

Pero «sobre todo es una ley nefasta por su fondo sectario y excluyente y por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza», señalan los representantes de la concertada y privada, que añaden que la Lomloe supone «un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas».

«Al eliminar la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos», lamentan, al tiempo que aseguran que para hacerlo, «se inventa un derecho a la educación pública, completamente inexistente en la jurisprudencia y doctrina constitucional española y europea, y en la práctica opuesto al derecho universal a la educación», que solo puede «garantizarse» con la complementariedad de la oferta entre colegios públicos, concertados y privados.

En la misma dirección, manifiestan que la Lomloe, en «contra» de las recomendaciones de todos los organismos e instituciones educativas internacionales, «lesiona aún más la autonomía de los centros, atacando de forma específica la de los centros concertados, a los que les impone un comisario político con el objetivo poco simulado de poner frenos para el desarrollo de su ideario», cuando esa «es contrariamente la razón de ser de estos centros y de su financiación con fondos públicos».

Asimismo, «posterga, aún más, la asignatura de religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación, y resucita la polémica educación para la ciudadanía a través de una nueva asignatura en valores cívicos y éticos que tiene el riesgo de utilizarse como herramienta de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres».

Por otra parte, indican que la Lomloe «no sólo no avanza» en la homologación de los profesores de la enseñanza concertada con los de la pública, sino que «amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector y el futuro tanto de la educación diferenciada, a la que se la aboca a no financiarse con fondos públicos y a su desaparición como opción pedagógica, como de los centros específicos de educación especial, en contra de la opinión de los profesionales y las familias». «Insiste en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona, pero vira a establecer como garantes a los poderes públicos, y no a los padres, o incluso a los poderes públicos frente a los padres», añaden.

Finalmente, afirman que «arroga» a la Administración la distribución unilateral del alumnado con desventaja social, educativa o económica, lo que, «lejos de evitar la segregación educativa, tiene la consecuencia práctica de impedir la libertad de elección de las familias de esos menores», cuando precisamente estos alumnos «son los que deberían tener una mayor puntuación para poder elegir preferentemente el centro que consideraran mejor».