«Las empresas que invertimos homologaciones, deberíamos tener más respaldo de las administraciones»
/COMUNICAE/
Pool line ha pasado de ser una pequeña empresa de venta a reconvertirse y poseer uno de los catálogos de accesorios para vehículos más completo del sector. En la actualidad, la crisis de componentes les ha llevado a volver a adaptarse incrementando su almacén con un 35% más de material en stock. Pool line forma parte del Grupo V16, asociación de 8 empresas españolas que potencian el consumo de balizas V-16 que cumplan con las normativas y homologaciones
«Hemos sido un grupo de empresas muy valientes y hemos ayudado al sector sabiendo que no recibiríamos nada a cambio», explica Javier Carrillo, director comercial de Pool line. «Sabíamos que defendiendo nuestros intereses, el resto del mercado se vería beneficiado».
Más apoyo a las empresas que sí cumplen
La asociación Grupo V16 surgió después de la publicación del Real Decreto del 17 de marzo de 2021 que regula los servicios de auxilio en carretera. En este Real Decreto se recogía que las balizas V-16 «fabricadas con anterioridad a la aprobación de este real decreto» deberían estar preparadas para «su activación, desactivación y geoposicionamiento, al punto de acceso nacional en materia de tráfico y movilidad». Para Grupo V16, este punto del Real Decreto suponía ir en contra de los propios intereses de las empresas que estaban cumpliendo con la distribución de balizas luminosas homologadas y certificadas.
Para Javier Carrillo, «la situación de la norma no fue ni tampoco será la más correcta. La ley no pensó mucho en quién recibiría la información geolocalizada y solo en cómo enviarla. Desde nuestro punto de vista, las empresas que invertimos en normativas y certificaciones, deberíamos tener más respaldo de las administraciones».
En junio de 2021, el Tribunal Supremo dio la razón al grupo de empresas y en octubre de 2022 la sentencia pasó a ser firme. El Real Decreto 1030/ 2022, publicado en diciembre de 2022, y que regula las balizas geoposicionadas, reconoce que estas serán obligatorias el 1 de enero de 2026 y que la redacción del Real Decreto 159/2021 tenía «algunos defectos y omisiones en la norma» que hacían necesaria la modificación en «aspectos técnicos muy puntuales».
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