OBA presenta un informe sobre el impacto medioambiental de la producción de langostino importado de Ecuador
El informe elaborado por la organización Foodrise analiza las consecuencias medioambientales y sociales derivadas del alto volumen de exportaciones del langostino de acuicultura ecuatoriana para abastecer al mercado español y europeo
El Observatorio de Bienestar Animal (OBA), en colaboración con Protección Animal Ecuador, ha presentado hoy el informe «Cheap Shrimp, High Costs», una investigación científica y técnica elaborada por Foodrise que expone los datos ambientales, climáticos y laborales vinculados a la comercialización de langostinos provenientes de Ecuador en Europa y España. El mercado español se ha convertido en el principal importador europeo de esta industria, comprando anualmente a Ecuador más langostino del que se pesca o cría en la totalidad de la UE.
Según el estudio, en Europa se consume una cantidad tres veces mayor de langostino de acuicultura ecuatoriana que de langostino salvaje capturado por las flotas pesqueras comunitarias. Ecuador, consolidado como el mayor productor y exportador mundial de langostino, alcanzó en 2025 una facturación de 8.400 millones de dólares, superando al petróleo como motor económico nacional. La producción ha escalado de 40.000 toneladas en el 2000 a un volumen estimado de 1,2 millones de toneladas en la actualidad, un sector fuertemente concentrado en apenas dos corporaciones exportadoras que agrupan un tercio de su valor comercial.
La investigación de Foodrise y OBA cuantifica la ocupación geográfica en la zona, indicando que los tanques para la acuicultura de langostinos abarcan alrededor de 220.000 hectáreas de suelo costero. El informe relaciona esta actividad con una reducción del 57 % de la cobertura total de manglares del país, alcanzando una pérdida del 90 % en algunos estuarios del Golfo de Guayaquil.
A nivel farmacológico, se detalla que el uso de antibióticos, como la amoxicilina o la eritromicina, es frecuente para contener patologías derivadas de los sistemas de cría.
En el plano social, los datos recopilados junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) apuntan a que el 63 % de los operarios acuícolas podrían carecer de un contrato formal.
Asimismo, el texto documenta tensiones territoriales motivadas por la adquisición de terrenos en comunidades ancestrales.
Las conclusiones de este trabajo de campo han sido documentadas mediante un archivo audiovisual de investigación obtenido por la organización internacional We Animals, que ilustra todo lo descrito en el informe. En respuesta a los datos publicados, Miriam Martínez, directora de Bienestar Animal en el Observatorio de Bienestar Animal, comenta que «los datos del informe evidencian que el precio bajo del langostino industrial tiene costes reales: destrucción de ecosistemas costeros y condiciones laborales precarias en los países productores. Desde el Observatorio de Bienestar Animal consideramos que tanto las empresas distribuidoras como los consumidores deberían contar con información transparente, clara y verificable sobre el origen y el impacto de este producto».
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