Puigverd Assessors analiza los cambios significativos del nuevo Real Decreto-Ley 2/2023 sobre la cotización de los estudiantes en prácticas en las empresas
/COMUNICAE/
Esta medida tiene como objetivo principal proporcionar a los estudiantes en prácticas una mayor protección social y garantizar su acceso a los beneficios del sistema de Seguridad Social
Uno de los cambios significativos de este inicio de año 2024, ha sido la obligatoriedad de la cotización por los estudiantes en prácticas, sean o no retribuidas, en las empresas. Con la implementación del Real Decreto-Ley 2/2023, los alumnos que estén realizando prácticas, sean o no remuneradas, como becarios, comenzarán a cotizar en la Seguridad Social.
Esta medida tiene como objetivo principal proporcionar a los estudiantes en prácticas una mayor protección social y garantizar su acceso a los beneficios del sistema de Seguridad Social. Hasta ahora, muchos estudiantes en prácticas no cotizaban durante las mismas, dejando vacíos en sus historiales de cotización que podrían afectar su futura jubilación y otros derechos.
Responsabilidad empresarial y beneficios asociados
Una de las características más destacadas de este cambio es que, para las prácticas no remuneradas, se podrá decidir que la cotización la asuma la propia empresa donde se realicen las prácticas o el centro de formación.
Reducir la cuota de contingencias comunes: un incentivo para las empresas
Para estas prácticas realizadas en las empresas se ha establecido una reducción del 95% en las cuotas por contingencias comunes, de manera que el coste mensual oscilará entre los 9,58 € y los 60,95 € máximo al mes
Este beneficio no sólo aligera la carga económica de las compañías, sino que también fomenta la participación activa en programas de prácticas, fortaleciendo la conexión entre el mundo académico y el empresarial, facilitando su transición al empleo una vez finalizadas las prácticas.
El equipo laboral de Puigverd Assessors explica que la implementación del Real Decreto-Ley 2/2023 marca un hito importante para los estudiantes en prácticas en España, otorgándoles derechos laborales esenciales y proporcionando a las empresas un incentivo financiero para fomentar la participación en programas de prácticas.
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