Nace una plataforma para combatir la despoblación en los pueblos andaluces
Los alcaldes de 80 municipios de 6 mancomunidades de las provincias de Córdoba, Sevilla, Badajoz y Ciudad Real han firmado esta semana en la localidad cordobesa de Hinojosa del Duque el manifiesto que da forma al proyecto ‘Provincia 51’ contra la despoblación, constituyendo una plataforma a tal fin.
La ‘Provincia 51’ está integrada por localidades de la Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena y del Ceder Campiña Sur Badajoz, de la Mancomunidad de La Serena, de la Mancomunidad de Los Pedroches, de la Mancomunidad del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, de la Mancomunidad Valle del Guadiato y de la Mancomunidad de Sierra Morena de Sevilla.
La asamblea constituyente de la plataforma es el resultado de un movimiento «espontáneo», que ha nacido de la «necesidad» y como respuesta al «olvido» que sufren 80 localidades de estas 4 provincias en 3 comunidades autónomas, que suman unos 200.000 habitantes.
Apuesta por un nuevo modelo rural
El punto álgido de la jornada ha llegado con la firma del citado manifiesto que da luz verde a ‘Provincia 51’ y que se justifica en una pérdida de población «insostenible», que les conduce a reclamar «un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo regional y un nuevo modelo provincial, que potencie la España rural con el asentamiento de población«, mediante «la creación de nuevas oportunidades en materia de empleo y desarrollo económico».
Del mismo modo, los representantes públicos de estas zonas exigen «un giro de 180 grados en las políticas actuales, que favorecen la concentración de las actividades económicos en las grandes ciudades, potenciando cuestiones como el encarecimiento de la vivienda o la insostenibilidad medioambiental».
Estos motivos llevan a los 80 consistorios integrantes de esta propuesta a reclamar ser declarados «zonas rurales a revitalizar» al amparo de la Ley 45/2007 de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del Medio Rural.
Listado de reivindicaciones
De igual manera, el manifiesto recoge una serie de reivindicaciones para las que se seguirá una hoja de ruta definida. Esas peticiones hacen mención a cambios legislativos centrados en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto a su aplicación en localidades inferiores a 20.000 habitantes; leyes que obliguen a las entidades bancarias al mantenimiento de las oficinas bancarias en las localidades de ámbito rural, o cambios legislativos en el ámbito urbanístico, para que se legisle con normas aplicadas de forma específica para el ámbito rural y su realidad.
El segundo eje de las reivindicaciones se centra en la adopción de nuevas medidas fiscales y de Seguridad Social, principalmente, en forma de bonificaciones para facilitar el asentamiento de población en el mundo rural.
Por último, han suscrito un tercer eje de peticiones, sobre la adopción de medidas económicas e infraestructuras encaminadas a suplir el déficit energético, la puesta en marcha de conexiones a Internet rápidas o a establecer un plan de inversiones en infraestructuras públicas de comunicaciones por carretera y ferrocarril, que permita a los municipios implicados «salir del aislamiento geográfico en el que se ven envueltos en la actualidad».
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