Padres de cordobeses aislados en el hotel covid de Mallorca denuncian por vía penal al Gobierno balear

Diez jóvenes del IES Góngora están confinados a pesar de que sus nombres no figuran en el anexo de la resolución aprobada por Sanidad de Baleares.

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Padres de cordobeses aislados en el hotel covid de Mallorca denuncian por vía penal al Gobierno balear
Estudiante gallega confinada en una habitación del hotel Bellver de Mallorca. / Foto: Europa Press.

Un grupo de padres de diez alumnos del IES Góngora de Córdoba capital, que permanecen aislados en Mallorca por el Gobierno de Baleares, ha presentado una denuncia por la vía penal contra la directora general de Salud Pública de la comunidad, María Antonia Font, y la Consejería de Salud balear por supuestamente retener de forma “indebida” a sus hijos en el hotel medicalizado Palma Bellver, pese a haber dado negativo en las PCR practicadas y no estar en el listado de las personas que tienen que confinarse.

Así lo ha confirmado a Europa Press el abogado y padre de una de las alumnas, Luis Espinosa, y han adelantado en prensa escrita, que han detallado que el grupo de jóvenes fue conducido el día 25 de junio a dicho hotel en ambulancia y bajo custodia policial por su posible vinculación al macrobrote.

Un día después, la Consejería de Sanidad de Baleares aprobó una resolución que no entró en vigor hasta el 27 de junio y que fue remitida posteriormente a los padres. En dicha resolución, se ordenaba el confinamiento forzoso en régimen de aislamiento bajo custodia policial de una serie de estudiantes, incluyendo en dos anexos los nombres, apellidos y DNI de los estudiantes afectados.

Los nombres de los cordobeses no figuran

Sin embargo, revisados dichos anexos, los nombres de estos diez jóvenes del IES Góngora, que salieron de Córdoba después de dar negativo en una PCR y que se sometieron a otra el día 26 en Mallorca que también dio negativo, no figuran en ninguno.

El letrado considera, por tanto, que la retención practicada vulnera derechos fundamentales de los jóvenes, dado que “no se les puede vincular de ningún modo al brote en cuestión”, y que “se ha abusado de su disposición de colaborar con el esclarecimiento de lo ocurrido”, al “convertir un acompañamiento voluntario cautelar en una retención indebida por agentes de seguridad del Estado”.

Además, los jóvenes llegaron a Mallorca el día 22, “con autorización de la agencia de viajes que sigue unas normas que pone el Gobierno de Baleares, que tenían que ir con una prueba negativa”, de manera que “todos eran negativos”, según detalla, para remarcar que “ellos no han participado en ninguna de las macrofiestas, ni botellones que ha habido, porque las fiestas son del fin de semana del 18 y 19 de junio”, y asegura que “no han estado en contacto con los positivos”.

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Espinosa insiste en que “pese a haber cumplido todos los requisitos sanitarios exigidos por las autoridades y sin justificación alguna”, dado que “no hay resolución que explique su confinamiento, continúan en el hotel medicalizado, lo que les ha hecho perder los vuelos de regreso –previstos para el domingo— y no poder disfrutar de las actividades programadas y autorizadas por el propio Gobierno balear”, recalca.

Orden para salir del hotel

Al respecto, el abogado y padre de una de las menores confía en que “se depuren las responsabilidades que pueda haber de todo tipo, personales, penales y patrimoniales”, a la vez que se solicita al juzgado que “dé la orden inmediata de que dejen salir a los niños y puedan volver a sus lugares de origen“.

Asimismo, apunta que los diez siguen dando negativo tras dos pruebas, una el 21 y otra el 26, advirtiendo en este caso de las consecuencias y acciones que llevarán a cabo los padres “como se infecten” sus hijos ante “el descontrol” que tienen en Mallorca, a lo que agrega que “pretenden que estén hasta el día 6 de julio, cuando le realizarán otras pruebas, ¿en base a qué?”, cuestiona.

En concreto, entienden que supuestamente se comete un delito por los funcionarios públicos contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes, el artículo 542 del Código Penal, que implica una pena de uno a cuatro años de inhabilitación absoluta para el funcionario que fuese condenado.

Fuente: Europa Press

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