El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un decreto que fortalece las medidas de vigilancia para impedir el acceso a los locales de juego y apuestas de los menores y de las personas con problemas de adicción por medio de la imposición de un control de admisión presencial ya antes de entrar al local y el endurecimiento de sanciones, que pueden llegar a la suspensión temporal de la autorización e incluso la clausura del establecimiento.
El decreto, que altera los reglamentos aplicables en materia de juego y apuestas que regulan los salones de juego, salas de bingo, casinos y también hipódromos y adopta medidas en desarrollo del decreto-ley 6/2019, de 17 de diciembre que altera la ley 2/1986, de 19 de abril, del juego y apuestas de Andalucía, asimismo impulsa ideas de prevención y protección a los colectivos más frágiles mediante la prohibición de publicidad exterior y el establecimiento de una distancia mínima de 150 metros respecto de institutos e institutos para salones de nueva apertura.
Conforme ha explicado el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, el Gobierno andaluz, única administración competente en materia de juego presencial en la comunidad autónoma conforme el artículo 81.1 del Estatuto, prioriza la adopción de medidas normativas que doten de mayor eficiencia al control de acceso a esta clase de establecimientos bajo el principio de tolerancia cero a la entrada de menores y personas que estén inscritas en el Registro de Control e Interdicciones de Acceso en locales de juego y apuestas.
Instalación de controles de admisión
En este sentido, la nueva regla fuerza a la instalación de controles de admisión en el acceso al establecimiento que deben estar supervisados por un trabajador del local, de tal modo que se impida la entrada a menores y a cualquier persona que lo tenga prohibido, y se eliminan en consecuencia las zonas que hasta el momento eran de libre acceso.
También, se establece para los nuevos salones de juego una distancia mínima de ciento cincuenta metros de centros de enseñanza reglada no universitaria (institutos y también institutos), que se viene a sumar a los cien metros de distancia mínima que deben mediar entre dos salones de juego y que existía de antemano.
Además, a través de este decreto se amolda el régimen sancionador de los diferentes Reglamentos que ya recogía el decreto ley aprobado por el Gobierno andaluz en el mes de diciembre de dos mil diecinueve y por el que pasan a considerarse muy graves, en vez de graves, las infracciones relativas a permitir el acceso a menores y a personas vulnerables, instalar publicidad no autorizada e infringir los horarios de apertura, que acarrean multas que oscilan entre los 10.000 y los trescientos euros (ya antes, las multas se situaban entre los 600 y 10.000 euros). Este endurecimiento de sanciones se traduce, además de esto, en la potestad de la Administración autonómica para suspender temporalmente la autorización e inclusive clausurar el establecimiento si se producen estos supuestos.
Prohibida la publicidad
Como medida de prevención, se prohíbe cualquier tipo de publicidad, cartelería o bien imágenes en cualquier soporte que difundan mensajes o bien representaciones del juego o de las apuestas, así como de atletas sobre cuyos deportes se pueden cruzar apuestas en las fachadas y paramentos exteriores de los establecimientos. Tampoco podrá ser perceptible desde el exterior la información sobre la cotización puntual de las apuestas deportivas.
Otra novedad que recoge el decreto afecta al Registro de Control de Interdicciones de Acceso, de forma que las restricciones se agrupan en un solo tipo de prohibición que abarca territorialmente el ámbito de la comunidad autónoma y que impedirá a quien esté inscrita su participación o acceso en cualquier establecimiento dedicado a estas actividades en Andalucía. Hasta la data, era posible pedir la prohibición de acceso solo en el ámbito geográfico provincial y solo en una tipología concreta de establecimiento.
El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha destacado que el decreto recoge medidas consensuadas, que han sido fruto de las asambleas mantenidas con todos y cada uno de los agentes del campo implicados, entre ellos, las empresas del campo con implantación en Andalucía, la Federación de Jugadores Rehabilitados de Andalucía (FAJER) y los sindicatos mayoritarios, al tiempo que por la parte del Gobierno andaluz han participado la Consejería de Hacienda, que tiene las competencias del juego presencial, el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) y el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Fuente: Europa Press
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