Europa Press. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la investigación que se abrió de nuevo por el doble crimen de Almonte (Huelva), –en el que fueron asesinados de manera violenta por arma blanca un padre y su hija de ocho años en su domicilio familiar en abril de 2013 en la localidad almonteña–, concluye que ambos «pudieron ser atacados por una persona de su entorno (conocida)».
Este informe se entregó a finales del pasado año al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma del Condado que ordenó la reapertura de la causa tras ratificar el Tribunal Supremo la absolución del único acusado por estos hechos tras el veredicto de no culpabilidad emitido por un jurado popular.
Así, en dicho informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO remarca «la especial violencia del escenario» del crimen, del que se determina «un superior ensañamiento para con la menor» respecto al padre, de manera que se solicita un estudio del perfil criminológico por parte de la Sección de Análisis de Comportamiento Delictivo de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
Así, tal y como adelantara el diario ABC, esta investigación de la UCO, –que se ha realizado por agentes que no trabajaron en la investigación anterior para evitar contaminación del caso–, incide en que las víctimas pudieron ser atacadas por una persona «de su entorno (conocida) de manera premeditada, cuya motivación pudo ser la venganza o la ira«. En este sentido, se pueden descartar hipótesis alternativas como el móvil económico, sexual o el homicidio instrumental.
De este modo, se obtuvo también que es probable que el crimen «se cometiese por un solo autor, hombre, español, de una edad entre 30 y 40 años y carente de antecedentes delictivos graves, aunque no se podría descartar la comisión de algún delito violento, delito leve o infracción en el pasado».
Por tanto, recomiendan buscar a alguien que «encaje con este perfil de manera aproximada y que haya tenido algún conflicto previo con las víctimas o que tuviese la percepción de que su muerte le podría reportar algún beneficio de tipo personal o vital».
Asimismo, el informe de la UCO concluye que «no se han obtenido datos objetivos suficientes que permitan motivar la apertura de una nueva línea de investigación o profundizar en las descartadas anteriormente». De igual manera, destacan que las actuaciones practicadas «no permiten descartar ni contradecir las conclusiones a las que llegó el anterior equipo de investigación».
Revisión de toda la documentación previa
Este informe se da por finalizado tras una prolongada labor de análisis de lo actuado anteriormente, de manera que se revisaron 335 informes policiales, 545 entrevistas, 35 informes periciales, 102 declaraciones policiales, 35 declaraciones judiciales, todos los registros técnicos de telecomunicaciones recabados, así como más de 45 Gb de fotografías y grabaciones de distintas cámaras.
Además, tras esta labor, se llevan a cabo una serie de actuaciones concretas como estudios de cuentas bancarias, de las autopsias, o el estudio relativo al análisis del comportamiento delictivo, entre otros.
Unos de los aspectos tenidos en cuenta en el informe son la variable espacio-temporal (momento de la muerte) y variables victimológicas, es decir que se trata de un padre joven e hija menor a su cargo, no relacionado con entornos delictivos, sin problemas económicos, por lo que cabe inferir «un riesgo bajo» para que ambos se convirtiesen en víctimas potenciales de un homicidio, toda vez que fueron abordados en su propio domicilio mientras realizaban actividades cotidianas.
Así, subrayan que «estos niveles de riesgo son propios de víctimas que resultan atacadas por personas conocidas, puesto que sería bastante extraño que en esas condiciones se cometiese un crimen oportunista, sin que existieran indicios de una motivación principal diferente al homicidio, ya sea sexual o económica».
Por contra, indican que el ‘modus operandi’ del autor podría catalogarse como «riesgo alto», es decir, propio de «autores impulsivos que cometen delitos sin la adecuada planificación». Se trataría de un tipo de persona que es «capaz de fantasear sobre ello y premeditarlo pero no son capaces de ejecutar adecuadamente el crimen, bien porque se produce un estímulo que provoca una respuesta emocional que el autor no es capaz de controlar debido a que no posee unas herramientas inhibitorias adecuadas».
En esta misma línea, señalan que esa persona probablemente actuaría solo, al tiempo que indican desde la UCO que si los vecinos hubiesen avisado a los servicios de emergencia «se le habría detenido prácticamente ‘in fraganti'» ya que, además, existía un alto riesgo de testigos al tener la casa debajo un bar. Otro de los aspectos destacados es que en primer lugar se produjo el ataque al padre, quien representaría «el objetivo más fuerte», lo que evidencia que se buscaba «la vulnerabilidad» de las víctimas. Entre las conclusiones destacan que el cadáver de la menor fue hallado cubierto lo que denota una conducta de una persona «conocida o con vinculaciones con la víctima».
Respecto a la motivación del crimen, en el informe de la UCO, –tal y como ocurriera en la investigación anterior–, se apunta a «motivos personales» que se deducen por el tipo de heridas provocadas a las víctimas ya que, por ejemplo, ambos presentaban diversas heridas a modo de «firma», lo que para los investigadores se haría para satisfacer «una necesidad interna (preferentemente personal)». Tras descartar otros móviles, como el encargo de un tercero, la motivación sexual, remarcan que del escenario del crimen se desprende «una respuesta de venganza o ira».
En cuanto a la reapertura del caso, hay que recordar que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma del Condado tomó esta decisión al no constar autor conocido de los hechos objeto de investigación y siendo preciso proceder a la averiguación de los mismos, para lo que acordó la práctica de las diligencias de investigación necesarias.
El 27 de abril se cumplirán ocho años de este doble crimen de Almonte y desde entonces la familia de las víctimas no ha parado de reclamar justicia al no existir a día de hoy ningún inculpado ni condenado por las dos muertes.
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